José Macome: -Tanto que se jacta de Raúl Alfonsín y de sus lineamientos... ¡Intentó por la fuerza quedarse un año más en la presidencia! ¡Intentó una presidencia de facto!

Benjamín Zelaya: -Diga mi nombre. ¡Nómbreme! ¡Nómbreme!

Macome: -Usted es el pastorcito mentiroso. Tiene antecedentes de haber querido abusar del reglamento para su propio beneficio. Ya nadie le cree.

Héctor Aguirre a Zelaya y Pedro Albornoz Piossek: -No sean guarangos. Dejen hablar.

Maximiliano García: -¡Que LA GACETA escriba que están haciendo abuso de autoridad! ¡Que el diario de mayor tirada diga esto!

Gritos. Gritos. Y más gritos. Golpes de puño sobre un escritorio. Caras de desconcierto. Caras de hartazgo. Caras de crispación. Comentarios en secreto. Risas con socarronería. Gritos otra vez. Dedos que apuntan, que señalan, que acusan. Autoridades que, de modo inesperado, se van. Voces: unas sobre otras. Reproches. Descalificaciones. Esas escenas y la discusión del encabezado son el botón de la muestra: la sesión extraordinaria que celebraron los concejales de Yerba Buena por pedido del intendente radical Mariano Campero.

El encuentro arrancó con puntualidad (10 de la mañana). Pero sólo al cabo de la primera hora los ediles se abocaron al tratamiento de los temas para los que habían sido convocados. No obstante, para ese entonces sólo seis de ellos quedaban en el recinto: Aguirre y Walter Aráoz -peronistas-, y Macome, Marcelo Rojas, Javier Jantus y Rodolfo Aranda -afines a Campero-. Los cuatro concejales enfrentados al oficialismo local se habían marchado tras las discusiones iniciales. El primero en retirarse fue Lucas Cerúsico. Le siguieron Albornoz Piossek, García y Zelaya; este último se marchó con su brazo enarbolado, y a los gritos de “¡viva el pueblo y la democracia!”.

Antes de dejar el recinto, el cuarteto había cuestionado -principalmente- la legalidad de la última sesión de 2017. En esa ocasión, el resto de los ediles puso a Aranda en funciones, quien reclamaba la banca desde septiembre de 2016, y renovó la mesa de conducción, con Aguirre en la presidencia. Hasta ese momento, Zelaya ocupaba aquel puesto y se negaba a renovar autoridades. “No vinimos a legitimar nada. Dejen de cometer torpezas. Lo más coherente que puede hacer la Justicia es darnos la razón”, declaró García, en referencia al escrito que, en aquel momento, su sector estaba presentando en los Tribunales penales para desconocer a las nuevas autoridades.

“Circo y falsedad”

Los dichos del edil radical -y de sus tres compañeros- fueron refutados por los otros seis. Aranda expresó que, para él, habían concurrido con el propósito de obstruir el desarrollo del cónclave (”armaron un circo y dijeron falsedades”). Además, pidió que se evalúe si les cabía algún tipo de sanciones por haberse retirado. Jantus coincidió con su par, pues los acusó de intentar invalidar la reunión y de incurrir en actos coercitivos (”lo que hacen estos concejales es una injuria”). Aguirre destacó que, al menos durante un rato, los 10 concejales lograron coincidir en el recinto, amén de que después el cuarteto se haya marchado (”es un reconocimiento tácito a esta mesa de conducción”).

También hubo miradas dispares sobre el primer punto del temario: un proyecto que modifica el título de la Ordenanza Fiscal Anual por Tributo de Higiene y Salubridad. Antes de marcharse, Zelaya vociferó que, con esa iniciativa, Campero les agregaba una nueva presión tributaria a los vecinos (”que, además, es trucha”). A la hora de responder, fue el justicialista Aráoz quien pidió la palabra. Para él simplemente se adecuaba y cambiaba el nombre de un tributo existente. “La gente va a pagar lo mismo que estaba pagando. Hemos dejado todas las alícuotas como estaban. Esa es la verdad”, expresó.

Ya con Zelaya fuera del recinto, la mayoría aprobó el cambio de denominación del tributo y un proyecto enviado por el Ejecutivo municipal que modifica las funciones de la Guardia Urbana Municipal (GUM, por sus siglas). De ahora en adelante, los guardias yerbabuenenses harán las veces, también, de inspectores. En concreto, los concejales agregaron un inciso al texto inicial para que los guardias puedan ejercer, de modo subsidiario, la función de inspector municipal en materia de tránsito, transporte, saneamiento y medio ambiente.

Finalmente, el Concejo avaló el establecimiento de un plazo de 60 días a la comisión de Obras Públicas para que dictamine sobre los proyectos de urbanizaciones especiales ingresados.

En todos los temas tratados, los seis ediles presentes votaron en el mismo sentido. Antes de marcharse, Albornoz Piossek -ex presidente de la comisión de Obras Públicas- deslizó que detrás de las urbanizaciones especiales había negociado. Rojas, Macome y Araóz pidieron la palabra para contestarle, aunque el edil macrista ya no estaba presente. “Al Concejo se viene a trabajar. Eso es lo que él no hizo. Provocó una parálisis”, expresó Araóz, en referencia a unas supuestas 200 carpetas pendientes de tratamiento.

En numerosas ocasiones desde finales de 2016 y a lo largo de 2017, las sesiones del Concejo de esa ciudad estuvieron signadas por las salidas intempestivas de ediles -de uno u otro sector- o por sus ausencias iniciales para evitar el quórum. La primera reunión de 2018 no fue la excepción.